Otras referencias: RDL 1/2013, ADA, Section 508, sanciones y reclamaciones

El RD 1112/2018 (PDF, se abre en una ventana nueva) y la Ley 11/2023 (PDF, se abre en una ventana nueva) son las normas específicas de accesibilidad digital, pero no las únicas que importan. En España, la ley general de derechos de las personas con discapacidad establece el marco, los principios y, sobre todo, el régimen sancionador. Y fuera de Europa, la legislación de Estados Unidos marca tendencia en litigios y en herramientas. En esta lección verás estas referencias y las vías prácticas de reclamación.

El Real Decreto Legislativo 1/2013

El Real Decreto Legislativo 1/2013 (PDF, se abre en una ventana nueva), de 29 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Unifica leyes anteriores y adapta la legislación española a la Convención de la ONU. Es la norma «madre» de la accesibilidad. De ella conviene conocer:

• Artículo 2, definiciones: accesibilidad universal («la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible»), diseño universal y ajustes razonables.
• Condiciones básicas de accesibilidad para las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social (artículo 23 y disposiciones concordantes), que es la base legal sobre la que se dictan los reales decretos de accesibilidad digital.
• Ajustes razonables: las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular. Negarlos es una forma de discriminación.
• Régimen de infracciones y sanciones (Título III): el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y la denegación de ajustes razonables son infracciones. Las sanciones se gradúan en leves (hasta 30.000 euros), graves (de 30.001 a 90.000 euros) y muy graves (de 90.001 a 1.000.000 de euros). La competencia sancionadora corresponde en general a las comunidades autónomas, y a la Administración General del Estado cuando la infracción excede el ámbito autonómico.

Estados Unidos: ADA y Section 508

Aunque no aplica en España, la legislación estadounidense influye en todo el sector: muchas herramientas, metodologías y vocabulario nacen allí, y las empresas con clientes en Estados Unidos deben conocerla.

ADA (Americans with Disabilities Act, 1990)

Es la ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por discapacidad. No menciona la web (es de 1990), pero los tribunales y el Departamento de Justicia la han aplicado a los sitios web y apps:

• Título II (administraciones estatales y locales): en abril de 2024 el Departamento de Justicia publicó una norma que exige WCAG 2.1 nivel AA para sus webs y apps, con plazos de cumplimiento según el tamaño de la entidad que, tras la prórroga de un año aprobada en abril de 2026, quedan en abril de 2027 y abril de 2028.
• Título III (establecimientos abiertos al público): es la base de miles de demandas anuales contra empresas por webs inaccesibles. En el caso Robles contra Domino's Pizza (2019), un tribunal federal de apelación concluyó que la ADA se aplica a la web y la app de la cadena por su conexión con sus restaurantes, que sí son «lugares de acomodación pública».

Section 508 de la Rehabilitation Act

Obliga a las agencias federales a que sus TIC (webs, software, documentos, hardware) sean accesibles, y afecta a sus proveedores. La revisión de 2017 adoptó las WCAG 2.0 nivel AA como requisito técnico. Es el origen del programa Trusted Tester del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una certificación de evaluadores con metodología de pruebas estructurada, y de los documentos VPAT (Voluntary Product Accessibility Template), con los que los proveedores declaran la conformidad de sus productos.

Vías de reclamación en España

Una persona que encuentra una barrera digital en España tiene varias vías:

1. Mecanismo de comunicación del RD 1112/2018 (sector público): observación, solicitud de información accesible o queja a través de la declaración de accesibilidad, con respuesta en veinte días hábiles, y reclamación ante la unidad responsable de accesibilidad.
2. Denuncia ante las autoridades de vigilancia de la Ley 11/2023 (sector privado), que pueden abrir expediente sancionador.
3. Denuncia por infracción del RDL 1/2013 ante la comunidad autónoma competente o, en el ámbito estatal, a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), que también atiende consultas y quejas y puede mediar.
4. Defensor del Pueblo y defensorías autonómicas, para actuaciones de las administraciones.
5. Vía judicial: tutela de derechos fundamentales y acciones de cesación, que las asociaciones de personas con discapacidad están legitimadas para ejercer.

En la lección siguiente reunirás los conceptos que aparecen en todas estas normas (accesibilidad universal, ajustes razonables, carga desproporcionada) y, después, aprenderás a decidir qué norma aplica a cada caso.

Resumen

• El RDL 1/2013 define accesibilidad universal, diseño universal y ajustes razonables, y tipifica el incumplimiento como infracción con multas de hasta un millón de euros.
• En Estados Unidos, la ADA (Títulos II y III) y la Section 508 (agencias federales, WCAG 2.0 AA) marcan la pauta; de ahí vienen Trusted Tester y los VPAT.
• En Europa la vía principal es administrativa (reclamación y sanción); en Estados Unidos, judicial.
• Vías en España: mecanismo del RD 1112/2018, denuncia ante vigilancia del mercado (Ley 11/2023), OADIS y comunidades autónomas (RDL 1/2013), Defensor del Pueblo y tribunales.
• Una reclamación bien atendida evita sanciones y mejora el servicio: responde en plazo y ofrece alternativas.