Europa por dentro: cómo aplican las directivas Francia, Alemania, Italia y otros Estados miembros

En los cursos N5-C2 y N5-C3 estudiaste a fondo cómo España ha incorporado la Directiva (UE) 2016/2102 (PDF, se abre en una ventana nueva) y la Directiva (UE) 2019/882 (PDF, se abre en una ventana nueva). Pero una directiva fija objetivos y deja a cada Estado miembro elegir la forma y los medios: hay veintisiete trasposiciones, con autoridades, referencias técnicas, formatos de declaración y sanciones distintos. Para una organización que opera en varios países de la Unión, o para un auditor que trabaja con clientes europeos, conocer esas diferencias evita sorpresas. Esta lección compara los casos más instructivos: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Portugal, frente al modelo español.

Qué es común en toda la Unión

Hay una base compartida que no cambia de un país a otro:

• La norma armonizada. La EN 301 549 (PDF, se abre en una ventana nueva) otorga presunción de conformidad con los requisitos de la Directiva 2016/2102 (Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048, modificada por la 2021/1339, que cita la v3.2.1); para la 2019/882, la Comisión ha encargado normas armonizadas específicas y, mientras tanto, la EN 301 549 es la referencia práctica.
• El modelo de declaración de accesibilidad del sector público, fijado por la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1523 (PDF, se abre en una ventana nueva), con su estructura: situación de cumplimiento, contenido no accesible, preparación de la declaración, observaciones y datos de contacto, procedimiento de aplicación.
• La metodología de seguimiento (Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524 (PDF, se abre en una ventana nueva)), con seguimiento simplificado y en profundidad, e informes periódicos de cada Estado a la Comisión.
• Los conceptos jurídicos: carga desproporcionada, mecanismo de comunicación, procedimiento de aplicación y, en la 2019/882, vigilancia del mercado de productos y control de servicios.

Sobre esa base, la Directiva 2016/2102 es de armonización mínima: permite a los Estados mantener o introducir medidas que vayan más allá. Es ahí donde aparecen las diferencias.

Francia: RGAA, plan plurianual y empresas grandes

Francia aplica la obligación a través del artículo 47 de la Ley 2005-102 sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad y de una referencia técnica propia, el RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité). El RGAA 4.1 traduce las exigencias de la EN 301 549 a una metodología operativa de 106 criterios agrupados en 13 temáticas, con pruebas detalladas para cada uno; es, en la práctica, un procedimiento de prueba al estilo del que viste en Trusted Tester.

Tres rasgos lo distinguen del modelo español:

• Además de la declaración, las entidades obligadas deben publicar un plan plurianual de accesibilidad (schéma pluriannuel, de hasta tres años) y planes de acción anuales.
• La página de inicio debe indicar el estado de conformidad («accessibilité : non conforme / partiellement conforme / totalement conforme») con enlace a la declaración.
• La obligación se extiende a empresas privadas con una facturación en Francia superior a 250 millones de euros, que no son sector público pero quedaron incluidas por decisión nacional. Desde 2025 se suman las obligaciones de la trasposición de la Directiva 2019/882 para productos y servicios.

El incumplimiento de la obligación de publicar la declaración y los planes conlleva sanciones administrativas.

Alemania: niveles federal y de los Länder

En Alemania, la accesibilidad del sector público federal se regula en la ley de igualdad de las personas con discapacidad (BGG) y en el reglamento BITV 2.0, que remite a la EN 301 549; cada Land tiene su propia ley y reglamento para su administración. El seguimiento federal lo hace un organismo específico, la oficina federal de seguimiento de la accesibilidad de las TI (BFIT-Bund).

Para el sector privado, la Directiva 2019/882 se traspuso mediante la Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), aplicable desde el 28 de junio de 2025, con un reglamento de desarrollo que detalla los requisitos. La vigilancia del mercado corresponde a los Länder, que han creado una autoridad común para coordinarla. En el debate alemán ha aparecido además una cuestión que conviene vigilar: si el incumplimiento puede reclamarse entre competidores por la vía de la competencia desleal, lo que añadiría un frente parecido al litigio privado que viste en Estados Unidos.

Italia: AgID y las grandes empresas

Italia fue pionera con la Ley 4/2004 (conocida como Ley Stanca). Hoy la autoridad central es la Agencia para la Italia Digital (AgID), que publica las directrices técnicas (2020, basadas en la EN 301 549) y gestiona una plataforma en la que las administraciones publican su declaración de accesibilidad y sus objetivos anuales de accesibilidad. Igual que Francia, Italia amplió la obligación a empresas privadas: desde la reforma de 2020 alcanza a las que ofrecen servicios al público mediante webs o apps y tienen una facturación media superior a 500 millones de euros en los tres últimos ejercicios, con capacidad sancionadora de AgID.

Países Bajos y Portugal: transparencia como herramienta

Dos países han convertido la declaración en un instrumento de presión pública:

• Países Bajos mantiene un registro público de declaraciones de accesibilidad de los organismos públicos, en el que cada sitio o app aparece con una calificación de su estado, de cumplimiento total a incumplimiento o declaración pendiente. Cualquiera puede consultar qué organismos van retrasados.
• Portugal (Decreto-Ley 83/2018) combina la declaración obligatoria con un sello voluntario de usabilidad y accesibilidad que reconoce a los sitios que superan determinadas pruebas, un incentivo positivo además de la obligación.

Resumen

• Toda la Unión comparte la EN 301 549, el modelo de declaración (2018/1523) y la metodología de seguimiento (2018/1524), pero la Directiva 2016/2102 permite a cada Estado ir más allá.
• Francia usa el RGAA 4.1, exige plan plurianual y estado de conformidad en portada, y obliga a empresas con más de 250 M€ de facturación.
• Alemania reparte la obligación entre el nivel federal (BITV 2.0) y los Länder, y aplica la BFSG al sector privado desde 2025.
• Italia centraliza en AgID las directrices y las declaraciones, y extiende la obligación a grandes empresas; Países Bajos y Portugal usan la transparencia y los sellos como incentivo.
• Para operar en varios Estados: evaluación técnica única, mapeo a la referencia nacional cuando exista, y declaración, idioma y procedimiento de reclamación propios de cada país.