La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030

Todas las normas de este nivel, desde el RD 1112/2018 (PDF, se abre en una ventana nueva) hasta la Ley 11/2023 (PDF, se abre en una ventana nueva), y las que estudiarás en este curso, como la ADA estadounidense o la AODA de Ontario, comparten un fundamento común: la accesibilidad es una condición para el ejercicio de derechos humanos, no una cortesía ni una característica técnica opcional. El texto que lo establece con fuerza de tratado es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta lección explica qué dice la Convención sobre accesibilidad, cómo vincula a España y a la Unión Europea, qué papel juega su Comité y cómo se conecta con la Agenda 2030. Conocerlo da al profesional un argumento de fondo que ninguna discusión sobre costes o prioridades puede desactivar.

La Convención: origen y naturaleza

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que la Unión Europea ratificó como organización (en 2010, con entrada en vigor para la Unión en enero de 2011), lo que la convierte en parte integrante del derecho de la Unión y en criterio de interpretación de directivas como la 2016/2102 (PDF, se abre en una ventana nueva) y la 2019/882 (PDF, se abre en una ventana nueva). España firmó y ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo, que están en vigor en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008, por lo que forman parte del ordenamiento interno con el rango que la Constitución reconoce a los tratados internacionales.

La Convención consolida el modelo social de la discapacidad: la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno y de las actitudes; eliminar barreras es, por tanto, una obligación de la sociedad y de los Estados. Esta idea es la raíz conceptual de la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas que recoge el RDL 1/2013 (PDF, se abre en una ventana nueva).

Qué dice sobre accesibilidad

Varios artículos son directamente relevantes para la accesibilidad digital:

• Artículo 2 (definiciones): define la «comunicación» incluyendo expresamente la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso, el «diseño universal» como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin adaptación, y los «ajustes razonables» como las modificaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida.
• Artículo 4 (obligaciones generales): compromete a los Estados a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios y tecnologías de diseño universal, a promover su disponibilidad y uso, y a promover el acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías, incluidas las de la información y las comunicaciones.
• Artículo 9 (accesibilidad): es el artículo central. Obliga a los Estados a adoptar medidas para asegurar el acceso, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público. Entre las medidas, cita desarrollar y supervisar normas mínimas de accesibilidad, asegurar que las entidades privadas que ofrecen servicios al público tengan en cuenta la accesibilidad, promover el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información, incluida Internet, y promover el diseño de TIC accesibles en una etapa temprana para que lo sean al menor coste.
• Artículo 21 (libertad de expresión y acceso a la información): obliga a facilitar la información dirigida al público en formatos accesibles y con tecnologías adecuadas, a aceptar el uso de lengua de signos, braille y otros medios accesibles en las relaciones oficiales, y a alentar a las entidades privadas y a los medios de comunicación a que su información y servicios sean accesibles.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supervisa el tratado, aprobó en 2014 la Observación General n.º 2 sobre el artículo 9, que aclara dos cosas importantes para nuestro ámbito: que la obligación de accesibilidad es ex ante e incondicional (no depende de que una persona concreta la solicite, a diferencia del ajuste razonable, que es individual y puede limitarse por carga desproporcionada), y que las TIC, incluida Internet, forman parte de los servicios abiertos al público a los que se aplica.

La Convención en el ordenamiento español

La ratificación obligó a España a adaptar su legislación: la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención y, después, el Real Decreto Legislativo 1/2013, que refundió la legislación de discapacidad e incorporó los conceptos de accesibilidad universal, diseño para todas las personas y ajustes razonables. Más recientemente, la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024 sustituyó el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y mandató a los poderes públicos a promover su plena autonomía e inclusión, con especial atención a las necesidades específicas, recogiendo el espíritu de la Convención en el texto constitucional. El RD 1112/2018 y la Ley 11/2023 citan la Convención como fundamento, y los tribunales españoles la usan como criterio de interpretación.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la ONU en 2015, no es un tratado vinculante, pero orienta las políticas públicas y la responsabilidad social de las empresas, y menciona expresamente a las personas con discapacidad en varios objetivos y metas:

• ODS 4 (educación de calidad): acceso igualitario a la educación para las personas con discapacidad e instalaciones educativas adaptadas (metas 4.5 y 4.a). Las plataformas educativas accesibles son parte de ello.
• ODS 8 (trabajo decente): empleo pleno y productivo para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad (meta 8.5). Las herramientas de trabajo accesibles son condición necesaria.
• ODS 10 (reducción de las desigualdades): inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su discapacidad (meta 10.2).
• ODS 11 (ciudades sostenibles): transporte y espacios públicos accesibles con atención a las personas con discapacidad (metas 11.2 y 11.7); los servicios digitales de movilidad entran aquí.

Resumen

• La Convención de la ONU (2006, en vigor desde 2008) es un tratado vinculante para España y para la Unión Europea, y consolida el modelo social de la discapacidad.
• Sus artículos 2, 4, 9 y 21 obligan a garantizar el acceso a las TIC, promover el diseño universal, exigir accesibilidad a las entidades privadas que sirven al público y facilitar información en formatos accesibles.
• La Observación General n.º 2 (2014) distingue la accesibilidad (general, previa, para grupos) del ajuste razonable (individual, a petición, limitable).
• España adaptó su legislación (Ley 26/2011, RDL 1/2013) y reformó el artículo 49 de la Constitución en 2024.
• La Agenda 2030 menciona a las personas con discapacidad en los ODS 4, 8, 10 y 11, lo que permite vincular la accesibilidad a la estrategia de sostenibilidad.